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LAS MEDIDAS DEL ESTADO DEBEN SER CONSULTADAS CON LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES AFECTADAS Y NO FAVORECER A EMPRESAS QUE ACTÚAN ILEGALMENTE Y VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES

FDSFNP denuncia agresiones de policías a pobladores de Huancambamba

Rechazan base militar en Huancabamba y piden diálogo con el Ejecutivo para darle una solución pacífica al problema
Ayer en conferencia de prensa realizada en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el alcalde distrital de El Carmen de la Frontera - Huancabamba, Ismael Huayama, el presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Servando Aponte y el Presidente de la Central Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, Alfondo Huayama, miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), conjuntamente con el Secretario Ejecutivo de la CNDH, Ronald Gamarra, presentaron a la opinión pública sus preocupaciones sobre las decisiones del gobierno y el camino que llevan las investigaciones luego de los lamentables hechos del 1º de noviembre en el campamento de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz S.A:).
Las autoridades y dirigentes, reiteraron su rechazo a cualquier tipo de violencia y exigieron la formación de una comisión investigadora del Congreso de la República, y la intervención de la Defensoría del Pueblo, la CNDH y otras entidades, por la poca transparencia e imparcialidad que hasta el momento han mostrado las autoridades en el proceso de investigación.
Señalaron, que algunas autoridades han adelantado opinión y han asumido tomar decisiones sobre los hechos ocurridos en el campamento minero, conjuntamente con la empresa minera y el gobierno regional de Piura, principales interesados en que el proyecto y distrito minero se realice, sin informar antes a las autoridades y comunidades locales, propietarias de las tierras donde se encuentra operando ilegalmente la minera, sobre los resultados de las investigaciones que le llevan a tomar dichas decisiones.
Si los autores de los hechos hubieran sido terroristas, como algunos medios de prensa han señalado, quien se encuentra mas expuesta es la población, y debe ser informada y protegida por el Estado. Es por ello, que las fuerzas del orden y las militares, tienen un rol de brindar seguridad a todos, no sólo a intereses particulares. Si su presencia a nivel nacional fuera financiadas por grupos de poder, priorizarán su defensa, en desmedro de la mayoría de los ciudadanos, desvirtuándose su finalidad. Señalaron además que colocar una base militar en una zona de frontera podría poner en peligro el tratado de paz binacional firmado con Ecuador.
Por su parte, Ronald Gamarra, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestó que "preocupa la instalación de una base militar en el lugar porque podría afectar los derechos humanos. Las armas son para entrenamientos, para combatir al enemigo exterior pero no para usarla contra civiles que no tienen nada que ver con la violencia en la zona y que mas bien la condenan". Argumentó que es cuestionable que las Fuerzas Armadas defiendan los intereses privados, "que se desarrollan ilegalmente" y que violen los derechos humanos.
DENUNCIA
Ismael Huayama, alcalde del distrito de El Carmen de la Frontera, aprovechó la ocasión para denunciar que el día de ayer un grupo de policías de la Divincri (División de Investigación Criminal) agredieron a tres campesinos con la finalidad de que se autoinculpen en los hechos ocurridos en el campamento minero Río Blanco Cooper S.A (ex minera Majaz), donde fueran asesinados tres trabajadores, en circunstancias aún no determinadas. Se trata de los hermanos Filomeno Ibañez Clemente, Hugo Ibañez Clemente y Porfirio Campos Clemente, quienes terminaron con fuertes lesiones.
"Los policías que se encuentran en la zona desde el pasado dos de noviembre vienen agrediendo a la población. Abusan de nuestros derechos, colocan armas a los pobladores con la finalidad de que se autoinculpen de los hechos ocurridos en la minera. La población está indignada por eso", dijo Huayama.
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